3000 homicidios y ninguna condena
27 de mayo de 2019
En Chile, el control de velocidad mediante cámaras se aplicó a fines de los 90 y principios de 2000. Esta medida fue muy discutida y discontinuada en 2002. El debate que llevó a la discontinuidad se enfocó en temas relacionados con su implementación y operación, pero lamentablemente no se prestó suficiente atención a la efectividad de la medida. Estudios mostraron que sí, el ‘fotorradar’ contribuyó a reducir el número de muertes en el tránsito.
Ese mismo año 2002 se aumentó la velocidad urbana de 50 a 60 km/h y se estima que estos cambios aumentaron en un 10% el número de muertos, representando 200 personas al año. Eso pasó hace 17 años, entonces estamos hablando de más de 3000 personas que no hubieran fallecidos sin estos cambios.
Me pregunto quién tiene la responsabilidad, los municipios que se han aprovechado del sistema de fotorradares, el ministerio de transporte que no arregló los problemas de operación o los miembros del Congreso que los prohibieron sin preocuparse de la vida humana. Probablemente los tres son responsables, pero también tiene su parte de responsabilidad la ciudadanía que quería seguir con el placer de manejar rápido sin dar importancia a su vida, lo de sus seres queridos y de los demás.
Mañana se va a discutir en la comisión de Hacienda de la Cámara de diputados el proyecto de Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de tránsito (CATI), que tiene con objetivo de controlar la velocidad de manera automatizada y transparente. Aunque este proyecto no puede devolver todas las personas fallecidas a sus familias, puede evitar que más fallezcan de manera tan evitable.
El proyecto CATI y la seguridad vial en general tienen que ser una prioridad de cada día en Chile.
Axel RIMBAUD